A 15 días del paro dispuesto por el sector agropecuario contra la política oficial, las empresas productoras estudian cómo impugnar las medidas
El Gobierno sigue sumando “dolores de cabeza” a raíz del paro dispuesto por los productores contra la suba en las retenciones a las exportaciones: sucede que a la posibilidad cada vez más cierta del desabastecimiento se suman ahora las acciones que las empresas agropecuarias estudian plantear ante la justicia en busca de que estos derechos de exportación se declaren “confiscatorios” e inconstitucionales.
En este sentido la Asociación de Dirigentes de Empresa (ADE) ya adelantó que presentará amparos judiciales contra el esquema de retenciones móviles, con fundamento en que esos recursos captados por el gobierno lesionan la garantía de la propiedad.
Sin embargo, especialistas consultados por infobaeprofesional.com detallaron que los derechos de exportación tendrían que ser impugnados recurriendo a mecanismos más complejos que la acción de amparo, puesto que ésta brinda poco margen de prueba y plazos sumamente abreviados; en esa dirección las empresas y productores se encuentran trabajando, reconocen.
Sucede que los abogados aseguran que en materia tributaria corresponde exclusivamente al Congreso crear gravámenes y fijar alícuotas; y esa función no puede ser delegada a favor del Gobierno.
Así Tomás Wilson Rae, tributarista y titular de TWR Abogados indicó que el Código Aduanero delegó en el Poder Ejecutivo la potestad de definir la aplicación concreta de los derechos de exportación, los bienes gravados y la alícuota aplicable.
Wilson Rae aseguró que esa delegación viola el principio de legalidad que exige el dictado de una ley del Congreso para validar la existencia de un tributo, ya que la Constitución prohíbe que el Ministerio de Economía modifique dicho tributo y fije su cuantía.
"Por eso, los decretos que fijan las nuevas retenciones son ilegales e inconstitucionales", afirma el especialista.
El tributarista enfatizó que frente a este panorama no queda más que acudir a la Justicia para probar la violación a las normas constitucionales.
“Yo recomiendo realizar una acción declarativa de certeza en el fuero contencioso administrativo federal a fin de establecer la legalidad o no de las normas que crean las retenciones y a la vez interponer una medida cautelar para que el fisco se abstenga de cobrar hasta resolverse la primera acción”.
Por último, puntualizó que el aumento de las retenciones es confiscatorio “porque absorbe una parte sustancial de la renta de los productores”, concluyó.
Gregorio Badeni, abogado constitucionalista, aseveró que las actuales retenciones son manifiestamente inconstitucionales porque las fija el Poder Ejecutivo con absoluta discrecionalidad sin que existan topes máximos o mínimos impuestos por ley.
El experto indicó que la Corte tiene dicho que no es viable delegar facultades fiscales en el Poder Ejecutivo; lo que sí puede hacer el Congreso es establecer parámetros y que el Gobierno se maneje dentro de esos márgenes, como por ejemplo ocurre con el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Sin embargo, Badeni indicó en las retenciones recientemente aplicadas el legislador no fijó máximos ni mínimos, por eso estos decretos pecan de inconstitucionalidad, aseveró.
En cuanto a la forma de impugnar las retenciones, Badeni sostuvo que los productores podrían recurrir a la acción declarativa de certeza con una medida cautelar de no innovar respecto de la situación anterior al dictado de las nuevas retenciones.
Desde Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, Eduardo Mallea destacó que la situación de emergencia, económica, cambiaria, social, comúnmente utilizada para justificar la sanción de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) ha sido la regla más que la excepción para el establecimiento de los derechos de exportación.
"Esto evidencia una afectación al principio de razonabilidad en los actos de gobierno y que más bien linda con la arbitrariedad, especialmente cuando como argumento legitimador se invoca que las medidas dictadas son compatibles "con niveles de rentabilidad adecuados", aseveró el abogado.
En la misma línea, Guillermo Mac Loughlin, tributarista y asesor impositivo de la Sociedad Rural Argentina (SRA) afirmó que está aconsejando a muchos productores presentarse ante la Justicia mediante una acción declarativa de certeza para reclamar por la inconstitucionalidad del monto de la alícuota y de la movilidad de las retenciones.
“Es evidente que la conducta del Gobierno no sólo es abusiva, sino que excede el marco de lo que autoriza la Constitución”, concluyó Mac Loughlin.
Fuente: www.infobaeprofesional.com
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